Además de las amenazas contra su integridad física, los periodistas están también expuestos a dificultades en el acceso a la información. De hecho, según el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información , presentado por el Proyecto Antonio Nariño a finales de 2012, Colombia se encuentra en un nivel intermedio en lo que tiene que ver con la garantía de ambos derechos: el país obtuvo un puntaje de 50 en una escala de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado posible, según lo registró la Flip en su más reciente informe .
A este panorama se le suma la tendencia hacia la concentración de los medios de comunicación y hacia la paridad en materia de contenidos. Sin embargo, en este último sentido, no se puede desconocer el rol de los medios independientes en la producción informativa del país. Es el caso de La Silla Vacía y Razón Pública , que han dado nuevos ángulo y perspectivas al debate público. Otras iniciativas, de índole más comunitaria, tienen también un potencial de influencia en las audiencias, como es el caso deSoyperiodista.com , un portal cuya información es publicada netamente por sus usuarios sin previa edición.
El gobierno, los periodistas y la ciudadanía, como actores protagonistas de esta dinámica enfrentan tres grandes retos para la libertad y la diversidad de información en Colombia:
1. Los periodistas y la calidad informativa
La tarjeta profesional fue eliminada hace ya 15 años con la promesa de reducir frenos para la expresión y bajo la premisa de que hay mayor riesgo en callar las voces de los ciudadanos, que en que estas sean comunicadas por personas sin un cierto grado de idoneidad (Sentencia C-087 de 1998). Pese a ello, algunos sectores del gremio vienen discutiendo la posibilidad de formular una regulación propia que proteja la independencia del periodista y que vele por la calidad de la información que se transmite.
Para quienes apoyan una iniciativa como esta resulta claro que tal regulación no debe disfrazar, bajo ninguna circunstancia, la autocensura. Su sugerencia, más bien, sería que tal mecanismo permitiera reconocer la importancia de la mediación periodística, fundamental en la formación de las opiniones y el riesgo social que implica un ejercicio desentendido, además de revelar intimidaciones o problemas en la contratación que sean contraproducentes para el ejercicio cotidiano.
No obstante, tal iniciativa serviría de poco si los periodistas no están de lleno comprometidos con la investigación y la calidad de los contenidos. Según el informe ¿Qué dicen 600 periodistas sobre su oficio y la libertad de expresión? realizado por la firma Cifras y Conceptos en 2012, apenas un 14% de los consultados manifestó haber empleado el derecho de petición como instrumento de elaboración noticiosa.
A propósito, de acuerdo con lo que planteó un estudio sobre las condiciones laborales y la satisfacción de los periodistas realizado en 2010 por el Grupo de Investigación en Periodismo de la Universidad de La Sabana, una de las responsabilidades de las empresas periodísticas y medios de comunicación debe ser examinar la flexibilidad para otorgar permisos y apoyos financieros, con el fin de que los periodistas realicen cursos de actualización y estudios de posgrado, ya que al parecer imponen restricciones en este sentido.
2. Una ciudadanía exigente
El segundo reto lo tienen las audiencias. A la sociedad civil le incumbe demandar información variada que responda a sus intereses, necesidades y gustos, y ser juez crítico de su calidad. Además, es su deber exigir información propiamente dicha, más allá del entretenimiento, y que esta provenga de fuentes diferentes y con diversas perspectivas, para facilitar su toma de decisiones.
3. Acceso y oferta de información, la tarea del Gobierno
Un tercer reto tiene que ver con las condiciones para multiplicar las fuentes de información. Iniciativas como el fortalecimiento de los medios públicos y la vigilancia sobre el proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión, con la finalidad de velar por que la subasta incluya a oferentes heterogéneos, como aparentemente es su tendencia, contarían como pasos hacia tal objetivo.
De otro lado, le corresponde también al sector público reducir las trabas en el acceso a la información pública y, por supuesto, velar por el buen funcionamiento de organismos como la Unidad Nacional de Protección, UNP, encargada, entre otros, de articular medidas para la protección de la libertad, la integridad y la seguridad de periodistas en riesgo extraordinario. De acuerdo con la FLIP, en sus primeros meses de funcionamiento la UNP han dejado un balance positivo en cifras: de enero a diciembre de 2012 la entidad atendió 100 solicitudes de protección a periodistas.
Sin embargo, según la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) en algunos casos las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales, no garantizan la protección a la vida e integridad de los comunicadores, y el plazo de 30 días hábiles para elaborar la evaluación y revaluación del nivel de riesgo puede resultar muy prolongado. A pesar de sus falencias, el programa ha sido ejemplo a nivel internacional, pues Honduras anunció su intención de replicar el modelo.
Estos retos no son los únicos, son fundamentales para la protección de la libertad de prensa en el país.
