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Por: CÉSAR ARTURO CASTILLO P.*
La minería es una actividad económica muy importante para el desarrollo de
toda comunidad porque además de proveer la materia prima con la cual funcionan
muchas empresas del sector industrial, son una fuente de trabajo para miles de
personas. El problema es que, si esa actividad no se desarrolla de manera
responsable, se convierte en otro factor que propicia, entre otras cosas, los
conflictos sociales y la destrucción del medio ambiente. Todos guardamos en
nuestra memoria la historia de sangre que escribieron los españoles sobre estas
tierras con el trabajo de los negros y los indios, pero hay que mirar el
presente para darnos cuenta lo poco que han cambiado las cosas por cuanto, los
nuevos esclavistas vuelven por esta América con sus trasnacionales a prometernos
otros espejitos, a cambio de nuestros recursos naturales. Nuestras élites, por
su parte, siempre han estado dispuestas a venderle nuestra alma al diablo, y a
abrirles las puertas a los saqueadores, con tal de sacar sus propias ganancias.
Pero en las últimas décadas el proceso se ha acentuado con la implantación del
modelo neoliberal; Gaviria por ejemplo, nos trajo la dichosa apertura económica;
Uribe no dudó en rodear a las trasnacionales de garantías y exención de
impuestos, con su teoría de “La Confianza Inversionista”; y el señor Santos nos
sale ahora con el cuento de la activación de las locomotoras y su dichoso TLC.
Total, la misma receta que ha traído como consecuencias el robo de nuestros
recursos, la baja de los salarios, el desmantelamiento del precario Estado de
Bienestar que teníamos y la entrega de las empresas nacionales a la lógica de
los capitalistas (y todo disque para aumentar la eficiencia y prevenir la
corrupción). Ahora bien, como la voracidad no tiene límites, la oligarquía se ha
propuesto liquidar la denominada “minería ilegal” para dejar en posición de
máxima ventaja a los grandes pulpos económicos y para poder hablar de
crecimiento económico con sus locomotoras. Así, de paso nos ocultan que ellos
son los máximos contaminadores y expoliadores de la tierra. Claro está que no
pretendemos justificar la informalidad en la minería porque sus consecuencias
están resultando desastrosas. Bajo la ilegalidad se crean focos de prostitución
y violencia, se produce la destrucción de nuestros entornos naturales, se
presenta una sobre explotación laboral y al final las ganancias se las quedan
las grandes compañías. Pero para no dejar las cosas en el aire veamos dos casos
concretos del Valle del Cauca. En la mina de Zaragoza, que estaba en el
municipio de Dagua y funcionó durante mucho tiempo a la vista de las
autoridades, los mineros dejaron un aterrador paisaje porque metieron las
retroexcavadoras al río, destruyeron parte del bosque para construir cientos de
cambuches, contaminaron el agua y socavaron las bases de la carretera al mar.
Además, como ya forma parte de la tradición universal en ese tipo de eventos de
fiebre del oro, se produjeron distintas manifestaciones de violencia. El otro
caso que deseo reseñar es el relativo a las minas del sector de Peñas Blancas en
los Farallones de Cali porque ya está visto que dejará para el futuro un
problema de enormes proporciones. Hace un año estalló el escándalo, subió el
señor alcalde Jorge Iván Ospina, la policía, la prensa, la televisión y se
prometieron en tono enérgico acciones judiciales, pero más allá de eso no pasó
nada, por el contrario, según informes de los moradores del sector, la actividad
minera continúa y va en aumento. El problema es que los caleños no le están
prestando la debida atención a este asunto porque esa actividad se desarrolla en
las estribaciones de la cordillera y porque desconocen cómo funciona la
extracción del oro. Allá en la lejanía los mineros tumban el bosque, para sacar
la madera y abrir el espacio de trabajo, muelen la tierra con agua, le aplican
cianuro y mercurio para separar el valioso metal del lodo y dejan toneladas de
desperdicios que seguirán contaminando el entorno natural durante cientos de
años, si no son retirados a tiempo. El agua que utilizan los mineros, para sus
desechos personales y laborales va a dar al rio Felidia y este afluente, junto
con otros, son los que nutren al rio Cali, que alimenta la planta de tratamiento
del acueducto de San Antonio. En un estudio que realizaron técnicos de la CVC en
marzo del 2011 sobre las aguas que provienen de las Minas del Socorro se dice lo
siguiente: “Los resultados evidencian actividad minera aurífera reciente, por la
presencia de cianuro en el agua, el cual en tiempos cortos pasa al aire y sólo
si el vertimiento es reciente se detecta en el agua. Adicionalmente las
concentraciones de mercurio en el agua y el sedimento, exceden los valores
límites establecidos por la normatividad nacional e internacional
respectivamente para las dos matrices.” La situación es muy grave pues como
decimos la actividad minera continúa y los efectos de la contaminación generada
en el pasado y en el presente se prolongarán en el tiempo, impactando las aguas,
el aire y la tierra. Recordemos que alrededor de la cuenca del rio Cali, a más
de los procesos biológicos, se articulan los pobladores de varios corregimientos
que desarrollan tareas agrícolas, turísticas e industriales. De manera que será
necesario evaluar con cautela cómo esas sustancias pueden impactarnos pues,
aunque muchos no lo saben el cianuro y el mercurio, destruyen la fauna y en
dosis pequeñas van produciendo en los humanos alteraciones en la salud a lo
largo de los años, entre ellas deformaciones genéticas y patologías
siquiátricas. En conclusión podemos decir que: si la minería no se desarrolla de
manera adecuada y bajo la estricta vigilancia de las autoridades, a la postre
las trasnacionales serán las que saquen las ganancias y nos dejen la destrucción
de los recursos naturales y la afectación de nuestra salud.
